Violencia de género y poder judicial (II)

Con la resaca de la histórica movilización, continuamos reflexionando sobre el papel que ocupa el papel judicial en la perpetuación de la violencia de género.

Custodia compartida como arma

La custodia compartida es otro tema importante a la hora de tratar la violencia de género. El problema surge cuando se impone desde el sistema judicial sin tener en cuenta el bienestar de las hijas ni el acuerdo de voluntad entre las partes. Así, se contribuye a elevar el nivel de conflicto y se pone en peligro el bienestar emocional de las víctimas, pues son muchos los casos en los que, a raíz de estas medidas dadas por la justicia, se imponen regímenes de visitas no vigiladas a padres condenados por violencia de género, desprotegiendo a la víctima y a las menores. La custodia compartida constituye, por tanto, un arma de violencia psicológica contra las mujeres.

Revictimización: la manada y la violencia institucional

Otro factor esencial es la formación de todas las personas que participarán en el proceso de denuncia: policías, personal médico y psicológico y, fundamentalmente, los jueces. Lamentablemente, esta es una formación que el Estado no proporciona. Nos encontramos, además de con leyes ineficientes, con prejuicios y estereotipos que colaboran en el enjuiciamiento de ciertos casos de violencia de género. Al cursar la denuncia, las víctimas son cuestionadas, deben demostrar la veracidad de lo ocurrido e incluso, en ocasiones, son culpabilizadas. Se da así un proceso de revictimización, sometiendo a las mujeres que denuncian a un cuestionamiento contínuo (que no se da en otro tipo de denuncias) e incluso exponiéndolas a nuevas agresiones. Un ejemplo concreto es el estereotipo del “síndrome de mujer maltratada”, en el que se asocia a una mujer maltratada como pasiva y traumatizada de por vida. Por ello, al encontrar a una mujer activa y decidida se tiende a cuestionar su versión y considerarla culpable. Un ejemplo de esto, aunque no en un caso de maltrato sino de violación, podemos verlo en el mediático caso de “La Manada”, en San Fermín. En él, se admitió como prueba que la agredida hubiese publicado fotos en Facebook las semanas siguientes, alegando los violadores que era incompatible con las secuelas psicológicas que una supuesta violación debería conllevar. No solo se viola, sino que se castiga la supervivencia y se absuelve a los violadores.

“Visión EMIC”: el racismo y el clasismo se suman a la fiesta

Otro ejemplo es la denominada “visión emic”, según la cual se considera que la violencia ejercida en una relación es característica únicamente de este tipo de relación, o del estrato social al que pertenecen las personas involucradas, considerándose un caso aislado y no extrapolable. Esto quiere decir que la sociedad entiende que la violencia doméstica es algo propio de las clases bajas, inmigrantes o personas más empobrecidas.

En definitiva, se prejuicia y legitima la violencia por el hecho de pertenecer a ese estrato de la sociedad, tratando de borrar el verdadero origen de esta violencia, la estructura patriarcal, a la vez que se criminaliza a otros grupos oprimidos.

Presiones y reformas

El movimiento feminista y el tribunal de mujeres del 7N, en vista de la ineficacia del Pacto de Estado contra la violencia de género y de preceptos jurídicos que no dan la suficiente protección a la mujer, proponen una reforma en las medidas correspondientes.

Si nos dirigimos a la Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, contra la violencia de género, solo recoge la violencia ejercida en el ámbito de su pareja o ex pareja, sin que se prevea la violencia contra las mujeres como hecho público en todas las relaciones interpersonales. Hace falta regular todas las agresiones machistas cometidas contra mujeres y niñas con quien el agresor no tiene ninguna relación sexo-afectiva, afectiva o cualquier otro tipo de vínculo previo. Se busca la inclusión de la violencia sexual en todos los ámbitos, y una alta financiación para poder llevarlo a cabo. También, España ha firmado numerosos tratados internacionales para erradicar esta violencia, por lo que se busca incorporarlos a los preceptos ya mencionados para que resulte más efectivo.

Respecto al Código Penal, en España, el feminicidio no está penado por ley. Aun así, diversos países sudamericanos y de centroamérica contemplan de forma específica el feminicidio en sus Códigos Penales, previendo penas superiores al delito básico de homicidio y asesinato, además de medidas civiles, como la privación de patria potestad a los agresores.

Es necesaria una reforma -una revolución- en el Derecho que regule todas aquellas conductas delictivas que se cometen contra las mujeres por el hecho de serlo.

De raíz

Llegadas a este punto, parece ser que el poder judicial no es tan neutral como se pretende mostrar cuando se trata de violencia de género. Al fin y al cabo, no podemos olvidar que la violencia de género tiene una causa clara: la estructura patriarcal de la sociedad en que vivimos. Una estructura que, por supuesto, engloba al Estado y al poder judicial. Desde este punto vista, resultan mucho más comprensibles las injusticias que aquí hemos ido detallando. También podemos reflexionar sobre cómo muchas de las medidas que el Estado aplica para evitar la violencia de género no son más que un lavado de cara ante las presiones del movimiento feminista, que exige un tratamiento acorde con la gravedad de una problemática que afecta al conjunto de la sociedad y que exige una respuesta colectiva. En conclusión, el sistema judicial es un infierno para las mujeres.

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