Violencia de género y poder judicial (I)

Durante los últimos años, la violencia de género y los feminicidios en España han sido temas muy polémicos. La justicia española ha reaccionado, desde 2005, con la creación de tribunales especializados en la materia; sin embargo, el número de víctimas por violencia de género no disminuye. Según el INE, en 2016, han sido 28.281 las mujeres que han denunciado este tipo de violencia; de estas denuncias, 6.288 fueron archivadas.

El gobierno realizó un pacto de Estado para reformar la ley de violencia de género. Imaginémonos cómo debe ser tal reforma, que incluso el propio Consejo General del Poder Judicial (órgano de gobierno del Poder Judicial de España) ha señalado múltiples deficiencias en la misma, además de estar compuesto por una notable mayoría de hombres; en concreto, 10 de cada 12 magistrados lo son. Algunas de esas deficiencias son que no debería exigirse denuncia previa, que la pena de multa es inadecuada, que las vejaciones deben ser delito y no falta, que la mediación debe vedarse en el ámbito de la violencia machista… También se pide un agravamiento de las penas, audiencia a la víctima, la prohibición para el agresor de comunicarse con ella, que incumplir las condiciones impuestas por el juez suponga la revocación de la suspensión e incluir la libertad vigilada en casos de coacciones, amenazas y malos tratos habituales.

Datos falsos sobre denuncias falsas

Antes de hablar de las denuncias falsas, vamos a distinguir primero entre dos tipos de denuncias. Las denuncias que no se archivan, las que se llevan a trámite, son aquellas cuyo contenido se llevará a juicio para lograr una resolución para la controversia. Sin embargo, que una denuncia esté archivada significa que el caso no continuará siendo investigado y el proceso se paraliza, aunque en un futuro pudiera reabrirse.

Es curiosa también la apelación constante de un cierto sector de la sociedad a las denuncias falsas de violencia de género, con el objetivo de invisibilizar a las víctimas y evitar tratar el problema de raíz. Pero los datos son claros. En los últimos ocho años, se presentaron un total de 1.055.912 denuncias y solo en 79 casos hubo sentencias por denuncia falsa (0,0075 %), según el Ministerio Público.

De lo que no suele hablarse tanto es de la situación contraria, aquellas ocasiones en que el maltratador denuncia a la vez que la víctima, considerándose víctima de maltrato continuado. En 2011, 509 mujeres fueron víctimas de este sistema de contradenuncias.  Estas maniobras tienen como objetivo lograr entrar en un proceso de negociación que termine con la incomparecencia de la mujer en el juicio. Al fin y al cabo, es su palabra contra la del maltratador. Por estas razones, muchas mujeres acaban retirando su denuncia, evitando a toda costa ser declaradas imputadas.

La respuesta del sistema judicial tiende a ser salomónica: se sobresee por falta de pruebas o se condena a las dos partes. En la Guía de criterios de actuación judicial frente a la violencia de género se confirma que en los juzgados especializados se ha detectado el incremento de esta práctica y se recomienda a jueces y juezas “actuar con especial cautela para evitar que las víctimas puedan verse imputadas por delitos de violencia doméstica ante cualquier manifestación meramente defensiva por su parte”.

Ojos que no ven, ¿corazón que no siente?

Es importante destacar la clara diferencia que existe entre el maltrato físico y psicológico. Muchas mujeres sienten que esta no es una “verdadera” agresión, dado que en el ámbito jurídico tiene poca validez probatoria. Emociones como el miedo pretenden eliminarse del sistema jurídico, argumentando que en un sistema objetivo no puede atenderse a subjetividades, pese a que, en casos de violencia de género, el miedo es un elemento clave desde el punto de vista psicológico.

Se hace, por tanto, evidente que la retirada de una denuncia no significa que la denuncia sea falsa, sino muchas veces todo lo contrario: una señal del miedo a represalias. Por otro lado, que una denuncia sea archivada por falta de pruebas objetivas demuestra más bien la “ceguera” del sistema judicial a la violencia machista.

La patria potestad y el caso de Juana Rivas

La patria potestad es la potestad que tienen los padres sobre las hijas e hijos que todavía no se han emancipado. En materia de violencia de género, la patria potestad solo es suspendida cuando el maltratador se encuentra privado de libertad, cuando las órdenes de alejamiento se extienden a los hijos e hijas o en aquellos otros casos en los que el progenitor paterno había sido una figura ausente en la vida de los hijos e hijas desde la separación.

El Informe Estadístico sobre Violencia de Género del año 2016, del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, nos muestra que la suspensión de la patria potestad, como medida de protección, sólo se acordó en un 0,7% de los casos. De los 118 procedimientos por denuncias de violencia de género que se analizaron, en todos ellos se acordó, de forma automática, el ejercicio conjunto de la patria potestad. Se obliga, por tanto, a que  víctima y maltratador tengan que seguir en contacto para mantener acuerdos y tomar decisiones importantes de la vida de sus hijas.

Un ejemplo muy mediático de esto ha sido el caso de Juana Rivas, obligada por la justicia a entregar a sus hijas a su maltratador tras haber huido con ellos, pudiéndose enfrentar ahora a un proceso judicial por ello.

continuará…

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