De Madrid al cielo

Desde que casi meten a Javier Krahe en la cárcel por cocinar a Jesús, parece que estamos todos condenados a medir cuidadosamente de qué y de quién nos reímos. Siempre supimos que existen creencias de primera y de segunda categoría, y también que existen víctimas de la violencia a quienes se les escucha y otras que son deliberadamente ignoradas. Sin embargo, cuando estas diferencias se hacen patentes a nivel judicial, la cosa se pone seria.
No hablaremos aquí de la fiscalía. No creemos que hagan falta argumentos para demostrar que no se puede ser imparcial estando incluido en un sistema jerarquizado que depende del Ministerio de Justicia. Más se debería decir de los jueces y magistrados, en general, y de los de la Audiencia Nacional, en particular. La de la judicatura es una carrera claramente dominada por elementos conservadores en todos sus niveles. Pero esto no debería influir en las decisiones que toman los jueces en el ejercicio de su cargo; y, a priori y a nuestro entender, no suele hacerlo. Ahora bien, entre los magistrados la cosa cambia considerablemente. El órgano más politizado de todos es, sin duda alguna, la Audiencia Nacional.
La Audiencia Nacional, heredera directa del Tribunal de Orden Público franquista, es una anomalía en el conjunto de países de Europa. Sus juzgados podrían integrarse en el Tribunal Supremo y en los tribunales superiores de justicia de las CCAA. Pero esa integración no se produce. Al tener competencias para investigar y juzgar delitos de terrorismo y contra la hacienda pública, todas ellas cuestiones útiles desde un punto de vista político, la Audiencia Nacional permanece activa, desafiando el sentido común y el principio de la independencia judicial. Garzón, Pedreira, Monterde, Gómez Bermúdez, Carmona, Ruz y De la Mata son los últimos jueces de instrucción (aquellos que se ocupan de la investigación, recabando pruebas y testimonios y reconstruyendo los hechos de una presunta acción delictiva) apartados por voluntad del PP.
El que tiene todas las papeletas para ganarse un retiro dorado (voluntario o involuntario) es el juez Velasco, de quien ya se comenta que “va a acabar como Garzón”. Es el juez que instruye la trama Púnica y que pidió la imputación del ya expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. El caso del juez Velasco es curioso porque, lejos de ser el Che Guevara, estuvo ocho años siendo alto cargo del Partido Popular, partido con el que estaría resentido porque se le denegaron los puestos en embajadas que él quería y, en su lugar, se le quiso conceder uno, de colaboración entre la UE y América Latina, mucho peor pagado. Sin embargo, todo lo expuesto son rumores que, como dice Ignacio Escolar, pueden haber sido extendidos por el PP para restarle credibilidad. La cuestión es que su sueldo y su puesto están a disposición del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial, que es, por cierto, una lonja de influencias.


Esta institución es la que ha juzgado a Cassandra y la ha condenado por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo por hacer chistes sobre Carrero Blanco. La condena, faltaría más, no es ideológicamente neutra por tres motivos esenciales:

  1. Se quiere considerar a un jerarca del franquismo, a un señor que se mantenía en el poder a través del uso del terrorismo de estado, como víctima del terrorismo. La contradicción es mayúscula. No solo se está colocando a Carrero entre los “buenos”; se le incluye entre los “mártires”.
  2. La sentencia constituye un ataque deliberado ―otro más― contra las víctimas del franquismo. Éstas no sólo tienen que soportar que sus familiares sigan en las cunetas, sus torturadores estén libres y el callejero de nuestras ciudades se encuentre repleto de los nombres de sus verdugos, sino que tampoco pueden maldecirles para no humillarles.
  3. El humor es y ha sido siempre crítica social y contracultura. Por supuesto, la crítica social y la contracultura son patrimonio de los que no mandan, de los subalternos. En el marco de la izquierda, el humor consiste en ridiculizar a los poderosos, mientras que el humor de las derechas consiste en burlarse de la feminidad y lo subalterno. Durante todo el proceso, los magistrados de la Audiencia insistieron en llamar “Ramón” a Cassandra Vera, sin mostrar ningún tipo de pudor por ello. ¿Era un chiste, señorías?

Existen comentarios que pueden sentar como un bombazo, otros que pueden hacer volar a la fantasía y algunos que hacen que mantengamos los pies en la tierra. Desde VA!, defendemos que cada cual ha de ser libre de planear sobre lo que la sociedad considera o no aceptable para que sea el público, y no las instituciones, el que discrimine qué chiste es digerible y cuál no lo es. Limitar el humor, tal como la Audiencia Nacional quiere hacerlo, constituye un ataque a la libertad de expresión en todo punto inaceptable. Podrán caer sobre nosotras los herederos de Franco, que nos seguiremos riendo de ellos sin pudor ninguno.
No condenéis al humor. No nos cortéis las alas.
Recordamos también que Cassandra ha publicado en twitter su número de cuenta de PayPal para aquellos que quieran apoyarla.

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