La estafa bancaria y la impugnación de la deuda

El pasado miércoles 25 de octubre, tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras un coloquio con algunos representantes del Tribunal Ciudadano de Justicia, asamblea que nace a raíz del movimiento 15M de Madrid. Lo organizaba la asociación estudiantil Habeas Corpus, y el título de la charla no da lugar a dudas. El relato oficial de la crisis económica, y el misticismo acerca del desconocido su origen, fueron desmontados.

Aunque la charla contó con una baja asistencia (mucha confluencia de debates esa semana), no por ello fue menos interesante. Las ponentes (José Gamo, José Luis Noriega y Amalia Barbero) explicaron el origen de la crisis financiera, los organismos que jugaron un papel relevante en ella y cómo han sido las ciudadanas quienes han asumido el rescate de entidades financieras a través de injustas y desproporcionadas subidas impositivas. Este rescate supuso la nacionalización, por parte del Estado Español, de la deuda privada contraída por los bancos, cuya gestión negligente ha terminado por repercutir sobre todas nosotras.

Entidades financieras, tasadoras, organismos de control y, cómo no, el Estado, constituyeron un complejo sistema, una red por la cual unas entidades respondían por las otras a través de cláusulas abusivas en las hipotecas, inflación del valor real del suelo, asunción de riesgos por parte de organismos públicos, connivencia con el Estado, etc., hasta que esa red se vino abajo. Fue este desplome el que supuso el estallido de la denominada “burbuja inmobiliaria”.

Y, claro, cómo íbamos a dejar caer a nuestros queridos bancos. Eso nunca. De ahí aquel grito surgido al calor del 15M, ¿recordáis? ¡No es una crisis, es una estafa! Y tanto que es una estafa.

La charla, además de desarrollarse más ampliamente que lo explicado en este breve resumen, sirvió para traer a colación el ya en apariencia olvidado debate acerca de la ilegalidad de la deuda pública española (que hoy en día supone el 100% del PIB). Es necesario recordarlo. Es una deuda ilegal, y lo que no debemos, no pagamos. Así de claro.

Y desde el Tribunal Ciudadano de Justicia, con su impagable labor, se encargan de transmitirlo a todas las ciudadanas, porque la información es poder. Desde el TCJ se ha conseguido, además de informar a la gente sobre la gravedad de este problema, poner en evidencia a través de acciones legales a unas instituciones que hace mucho dejaron de representarnos. La del TCJ del 15M es una lucha contra la impunidad de los estafadores.

Aunque aún queda mucho por hacer, con estos debates seguimos en el camino, formándonos y aprendiendo sobre la realidad de un Estado Español sumido en la ciénaga de la corrupción, muy lejos del Estado de Derecho y que sólo actúa cuando tiene que proteger a “su” gente.

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